Al menos 150 ayuntamientos de toda España quieren que sus habitantes se puedan conectar gratis a Internet cuando se encuentren en lugares públicos. Los hay muy grandes por población, como Barcelona y Madrid, y más pequeños, como Ponteareas (Pontevedra) o Atarfe (Granada).
La ley actual permite que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) autorice la prestación sólo si el consistorio se inscribe como operador de telecomunicaciones y sólo de forma temporal, para promover el uso de Internet. La norma considera que prolongar el servicio gratuito en el tiempo sería una competencia desleal para las operadoras de telefonía. Esta situación puede cambiar en breve.
La CMT ha sacado a consulta pública, es decir, para que opine cualquier afectado, la posibilidad de que la ley regule el acceso a Internet como servicio público. La Comisión no puede cambiar la normativa pero sí exponer al Ministerio de Industria opciones para que lo haga.
La CMT se ha cansado de ir buscando recovecos a la ley para permitir el llamado WiFi gratis. Los agravios comparativos empiezan a ser un problema. Las fórmulas han sido mucho más rígidas cuanto mayor era el ayuntamiento (como es el caso de Barcelona, que puede dar WiFi gratis durante un año pero con la velocidad y los contenidos limitados) y menos cuanto más pequeño, llegando en muchos casos a hacer la vista gorda y no fijar un plazo.
Una cosa es un servicio público o que en determinados lugares se instale wifi para que la gente tenga acceso gratuito y otra hacerlo en ciudades enteras. Es cierto que esta iniciativa se ha dado en diferentes pueblos de España y funciona correctamente pero no creo que el Gobierno pueda permitir que en demasiados puntos de España, y más en ciudades grandes, porque las operadoras no se lo permitirían y todos sabemos que las empresas son las que realmente dominan el mercado y si esa medida no es buena para ellas no se va a aprobar.
ResponderEliminarA min paréceme unha iniciativa moi acertada, porque así é como creo que deberían funcionar tódalas telecomunicacións. Como todo servizo público, habería que regulalo, claro está.
ResponderEliminarA solución que eu proporía sería a de dirixir un novo imposto exclusivamente para as redes wifi en España, garantíndolle así a tódolos cidadáns a posibilidade de navegar pola rede con total independencia e, o máis importante, en igualdade de condicións.
Eu, por exemplo, vivo nunha aldea na que somos unhas 13 persoas. Por sorte, estamos dentro dese privilexiado ámbito a onde chegan liñas ADSL. Lamentablemente, hai moitas zonas do rural nas que isto non ocorre. Igual esta sería unha maneira de garantirlles o acceso a Internet.
É certo que a que formulo é unha situación idílica, pero nalgún momento os gobernos terán que ter en conta que tódolos cidadáns pagan o mesmo e, polo tanto, todos teñen os mesmos dereitos comunicativos. Dende a miña humilde opinión, apoio totalmente esta iniciativa.